Una ley violenta
La violencia nunca estuvo excluida del proceso de gestación, redacción y sanción de la reforma de ley 8113.
En la gestación, el Consejo Provincial de Políticas Educativas se conformó atendiendo a los intereses de las corporaciones y excluyendo a la mayor parte de la comunidad educativa. Dejaron fuera la voz de docentes padres y alumnos de uno de los campos de mayor disputa ideológica y del cual son protagonistas: el campo educativo.
Los gremios no representaron ni tuvieron en cuenta la opinión docente, abolieron las asambleas de delegados y las asambleas escolares que hubieran podido permitir la reflexión y expresar la voz del conjunto docente. La conducción apoyó sin pudor los intereses de los sectores corporativos (empresas e iglesia) y de un gobierno claramente neoliberal, que orienta la política educativa en función de los intereses de mercado.
La violencia contrasta con el discurso que pregona el consenso democrático como base de las decisiones políticas. Violencia en tanto se asumió una posición absolutamente parcial y arbitraria en contra de los intereses de los sectores de la comunidad educativa.
Además, durante este año, en las manifestaciones de alumnos y padres en marchas y tomas de colegio, la violencia estuvo presente formando parte de los aprietes del ministerio a través de inspecciones, intervenciones directas de los fiscales en los colegios tomados, y de la criminalización de la protesta de los alumnos y el apoyo de padres y docentes. El discurso de los medios colaboró de manera cómplice con estos hechos.
Luego en las instancias de discusión en la legislatura, los mecanismos formales de nuestra democracia representativa, aunque simularon tenerla en cuenta, desconocieron la participación que docentes, alumnos y padres sostuvieron durante las sesiones y las audiencias públicas, manifestando la disconformidad ante la mencionada reforma. La legislatura se constituyó como un canal para acallar las voces, más que para expresarlas, ratificando así que no existía voluntad alguna de construir consenso para aprobar la ley.
Agudizando el conflicto, el martes 14 de diciembre, patotas del PJ amenazaron a los manifestantes que estaban en la puerta de la legislatura, reproduciendo la forma actual de operar de muchos gobiernos, a través del miedo y la intimidación.
Y como corolario de toda esta violencia, el miércoles 15 de diciembre la legislatura amaneció cercada por cientos de policías para impedir el acceso de los estudiantes, docentes y padres, garantizando su voluntad de legislar a espaldas del pueblo. Pasadas las horas, la represión policial -que no puede justificarse bajo ningún punto de vista- dejó en claro el único mecanismo posible por el cual se podía imponer la aprobación de este proyecto de ley. Repitieron la receta utilizada cuando se sancionó la reforma previsional en el año 2008.
Frente a los hechos de ayer expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar de la Policía de la Provincia de Córdoba, bajo la responsabilidad política de un gobierno que se dice “progresista” pero que demostró la intolerancia que ciñe la metodología que aplica ante las manifestaciones democráticas de disidencia y protesta.
Ratificamos nuestra desición de lucha por una educación pública, integral, laica, gratuita, y emancipatoria.
Grupo de docentes del Colegio San José Secundario
Fuente: Agrupación Docente María Saleme
